Ildefonso Marqués-Perales
Universidad de Sevilla

Manuel Herrera-Usagre
Universidad Pablo de Olavide

Carlos Gil-Hernández
Instituto Europeo de Florencia

 

La relació de la mobilitat social amb la política és d’una naturalesa enormement complexa. En aquest article, tractarem de llançar una mica de llum sobre aquesta confusa relació. En primer lloc, ens centrem en la mobilitat absoluta. Especifiquem quins són els factors (polítics i no polítics) que impulsen la mobilitat social ascendent. Distingim dues transicions: el pas d’una societat agrícola a una societat industrial i d’aquesta a una societat postindustrial. El cas amb el il·lustrarem serà l’espanyol. En segon lloc, ens dedicarem a la mobilitat relativa (terme proper a la igualtat d’oportunitats). Indiquem mesures polítiques considerades beneficioses en tres dels àmbits que configuren l’estructura d’oportunitats en les societats avançades: família, estat i mercat.

Introducción 

La relación que guarda la movilidad social con la política es de una naturaleza enormemente compleja. Entre los expertos, no existe aún un consenso generalizado respecto a cuáles son los factores políticos que impulsan la movilidad social. Se trata de un proceso histórico en el que pueden influir numerosas variables de muy difícil aislamiento ([1]). Los cambios demográficos, las guerras, las transformaciones geo-políticas, los diseños institucionales, las revoluciones políticas… son muchos los factores pueden tener consecuencias en los regímenes de movilidad de las diferentes naciones.

Con la intención de romper con las prácticas socialmente endogámicas, el parlamento británico creó la Comisión para la Movilidad Social y la Pobreza Infantil (Social Mobility and Child Poverty Commission). Esta comisión fue creada en 2012 como resultado de la iniciativa del gobierno laborista del ex primer ministro Gordon Brown. Su gestión está directamente vinculada al ejecutivo británico a través de la Cabinet Office del primer ministro, al Department for Education y el Deparment for Work and Pensions.

Las principales funciones de esta comisión son tres: dar consejo, bajo su petición, a los ministros sobre cómo medir la desigualdad, movilidad y pobreza, realizar un informe anual sobre los progresos del gobierno en el fomento de la movilidad social y la reducción de la pobreza y comunicarse activamente con empleadores y universidades con la intención de impulsar su participación en la mejora de la movilidad social. Asimismo, uno de los objetivos principales de esta comisión es que todos los departamentos ministeriales tomen en consideración cuál es el impacto de las nuevas políticas en la movilidad social. Un grupo interparlamentario se reúne para investigar sobre la mejora de la igualdad de oportunidades, All Party Parliamentary Group on Social Mobility, (The Sutton Trust, 2016) Las investigaciones realizadas por este grupo, así como la comisión parlamentaria creada también para tal efecto (Social Mobility Commission, 2016) han tenido amplia repercusión mediática y pública al resaltar las barreras en el acceso a las posiciones de elite en la sociedad británica.

En España, sería deseable contar con un organismo similar. En primer lugar, para poder generar el necesario y sano debate público sobre cómo se incrementa la movilidad social y la igualdad de oportunidades. En segundo lugar, debido a que es igualmente necesario elaborar estudios que permitan un diagnóstico claro de la situación española e incorporen mecanismos estables de seguimiento de los indicadores de movilidad social. El enfoque desde el que partir debe tener en consideración lo siguiente: las desigualdades sociales y económicas deben entenderse como trayectorias de clase que comienzan incluso antes del nacimiento y que acaban con la madurez laboral. Para ello, se deberían de realizar desde estudios panel con alta representatividad hasta etnografías de las familias para evaluar así el estado de la (des)igualdad de oportunidades y la movilidad social desde la primera infancia hasta el acceso al mercado de trabajo. Es lo que se conoce como una perspectiva de vida en el análisis de estratificación social.

En este artículo, trataremos de arrojar algo de luz, en base a la evidencia existente, sobre la confusa relación entre los factores que más influyen en las variaciones movilidad social. Para ello, dividimos el conjunto de medidas que puedan impulsar la movilidad social en dos bloques. En primer lugar, nos encargamos de la movilidad social ascendente que mide el cambio de la estructura de clase de una sociedad generación tras generación (de padres a hijos). En segundo lugar, nos dedicaremos a la movilidad relativa. La movilidad social relativa es un concepto que está asociado al de igualdad de oportunidades. Estudia el acceso a las diferentes clases sociales comparando los diferentes orígenes ([2]). Con ella, podemos hacernos este tipo de preguntas: ¿qué probabilidad tiene el hijo obrero frente al hijo de un profesional de llegar a ser directivo?, ¿depende menos que en el pasado el destino de los hijos del origen de sus padres? o ¿presenta nuestro país más o menos barreras que otros países de nuestro entorno?

Evolución de la movilidad social ascendente

La movilidad social ascendente mide el cambio de la estructura de clase (de padres a hijos) de una sociedad generación tras generación y está condicionada al marco histórico, económico e institucional de cada país así como de su singular trayectoria de modernización. En el caso español hay que distinguir, al menos, dos etapas: la industrialización tardía bajo el franquismo y la post-industrialización que llega hasta nuestros días con un mayor riesgo de declasamiento.

De una sociedad agraria a una sociedad industrial, Del fracaso de la autarquía al discurso de legitimación franquista

La literatura científica parece estar más de acuerdo en lo que se refiere a las medidas políticas que impulsan la movilidad absoluta que relativa. Sabemos que a medida que las sociedades dejan de ser agrarias se produce un proceso de movilidad ascendente (Carabaña, 2004). La industrialización estimula las transformaciones desde varios frentes. En primer lugar, por el cambio del sector primario al secundario. Los movimientos ejercidos son siempre de doble sentido. Por un lado, con la mecanización en el campo se necesitan una menor mano de obra en él. Por el otro, el proceso de automatización y de gestión moderna propio de la industria moderna atrae una gran cantidad de trabajadores atraídos por sueldos más altos. A medida que el complejo sector industrial moderno va ampliándose la contratación de trabajadores cualificados, profesionales y directivos aumenta (Martínez Celorrio y Marín Saldo, 2010). En segundo lugar, debido a las plusvalías que la industria aporta, los estados disfrutan de poderosas prebendas que le permiten la inversión en áreas que necesitan, de nuevo, de la contratación de personal cualificado, a saber, la educación, la sanidad y los servicios sociales (Marqués-Perales, 2015).

Podemos ilustrar algunas de las políticas que pudieron ayudar a la promoción de la movilidad social absoluta centrándonos en el caso español. Durante el periodo autárquico, la única forma de movilidad existente consistía en la denominada reconversión sectorial, de carácter local y regional (Echevarría, 1999), esto es, jornaleros, primero, y propietarios, más tarde, que se han desplazado del campo a la ciudad transformándose en obreros no cualificados. Bajo un régimen político totalitario basado en un capitalismo tradicional, con fuerte predominio agrario, ascender en la estructura social, constituía como no podía ser de otra forma, una aventura difícil (Echevarría, 1999). La movilidad que experimentó nuestro país era muy reducida. Durante estos años, incluso la inmovilidad superó a la movilidad ascendente (Marqués-Perales, 2015).

No obstante, a partir de los años setenta, España experimentó un poderosísimo crecimiento en sus tasas de movilidad absoluta. Este periodo abarca a las cohortes que adquirieron la madurez laboral entre los periodos comprendidos entre los planes de desarrollo (años 60) y la década de los años noventa. Constituyeron, en consecuencia, treinta años de movilidad ascendente masculina.

Como es bien sabido, con el Plan de Estabilización de 1959 comienza a dejarse atrás el régimen de movilidad propio del primer franquismo. Las políticas encaminadas a la modernización de la economía española (desarrollismo), se articularon en torno a una serie de hitos ya conocidos por todos: inversión extrajera, exportaciones a Europa, desarrollo del turismo, el auge de la industria y de la construcción, el aumento del gasto público y la mayor inversión extranjera.  En este punto, la clave es la ruptura con el sueño autárquico de los años cuarenta y cincuenta. Tras él, la hacienda española se hallaba prácticamente en bancarrota. No había otra salida para el régimen que abandonar el dirigismo e introducir medidas liberalizadoras. Así, lo que, en realidad, fue fracaso se va a convertir en el relato legitimador de la segunda etapa del franquismo. Este consistía volver a interpretar la guerra civil bajo unas nuevas lentes. A nivel externo, ya no sería más el triunfo de un régimen nacionalista de corte fascista-conservador sino la victoria de un régimen heredero y defensor de occidente, de su cultura y religiosidad, frente a los sistemas totalitarios comunistas. A nivel interno, Franco no sería un caudillo más y un dictador de corte totalitario sino un hombre al que los españoles le debíamos la instauración de 25 años de paz y progreso.

Así, los diferentes planes de desarrollo, liderados por los ministros tecnócratas del Opus Dei, van a servir de fuente de legitimación fundamental al segundo franquismo. Para las generaciones más longevas defensoras del régimen, el crecimiento económico venía a justificar la postergación de la dictadura. Para las generaciones más jóvenes pero menos críticas con el franquismo, suponía el inicio de la convergencia social y la entrada en Europa. De lo que se trataba, en todo caso, era de considerar que el franquismo suponía una vía ordenada gradualmente y sobre todo segura hacia la apertura política. La importancia de la movilidad social y económica fue fundamental pues el desarrollismo franquista concibió la idea de una sociedad orientada individualmente por la búsqueda de las mejoras salariares (el crecimiento económico lo permitía) y a la promoción social inter-generacional debido a la inversión en educación. Hay que tener en cuenta que la Ley Villar-Palasí inaugura el sistema de escolar de masas en nuestro país.

Esta intensidad en las tasas de movilidad ascendente era propia de un país que ha sufrido una industrialización como la nuestra, es decir, una industrialización tardía ([3]). Existen una multitud de causas que explican por qué los países se industrializan tardíamente. Sin embargo, no conviene perder de vista las ideas de Alexander Gerschenkron (1968). Según este historiador económico ruso-americano, la industrialización tardía aportaba lo que él denominaba “la ventaja del atraso”. El razonamiento era el siguiente. Planificar las organizaciones e innovar tecnológicamente son procesos que consumen mucho tiempo y recursos. Los países que no se implican tempranamente en estos procesos de lenta trasformación cuentan con una serie de no desdeñables beneficios como la adopción de tecnologías que han sido creadas por otros previamente. Este proceso puede ser conducido desde arriba debido al escaso tejido empresarial de los países subdesarrollados. En consecuencia, la clase gobernante puede beneficiarse más de él. Fueron, en consecuencia, las elites franquistas las que pudieron se patrocinaron en un escenario propiciado por un conjunto de políticas que ellos mismos vigilaban en su aplicación.

De una sociedad industrial a una sociedad posindustrial. De la movilidad garantizada al miedo al desclasamiento

Si sabemos que el paso de la sociedad agrícola a una industrial contribuye al empuje de la movilidad social ascendente, el paso de ésta a una sociedad post-industrial no se nos antoja tan claro. Una vez que la sociedad completa el proceso de urbanización, la movilidad social absoluta se estanca. A veces, incluso se contrae. El aspecto clave en este punto reside en cuál es la altura del umbral en el que se estancan. Como hemos visto, las sociedades de industrialización tardía aceleran las tasas de movilidad social ascendente, no obstante, lo hacen en un tiempo muy reducido.

La cuestión política reside, entonces, en cómo que provocar la demanda de una gran cantidad de trabajo cualificado. Aproximadamente, más de uno de cada cuatro trabajadores suecos está empleado como directivo o profesional (Jonsson, 2004) mientras que en España esta misma cifra se reduce a menos de dos de cada diez (Marqués, 2015). El miedo al desclasamiento está presente en los hogares españoles no sólo porque los universitarios deben trabajar en trabajos no cualificados sino que estos, en ocasiones, son de un estatus peor del que ocuparon sus padres.

Se piensa que una economía basada en el conocimiento con fuertes inversiones públicas y privadas en I+D ya sea éste agrícola, industrial o incluso de servicios, favorece la movilidad social ascendente al crear más espacio arriba (more room at the top). El caso paradigmático es Israel. Es este es el país que invierte más en I+D en relación al PIB, pues existe toda una política de incentivos que motivan a los empresarios a invertir en el sector cuaternario. Obviamente, para aplicar este conjunto de políticas hay que disfrutar de un sistema educativo de calidad. La Universidad Hebrea de Jerusalén y el Instituto Tecnológico de Israel (Technion) se hallan bien ubicados en el ranking de Shanghai (Shanghai Ranking Consultancy, 2016). Hablamos de un país de apenas ocho millones de habitantes. Del mismo modo, Israel es uno de los países con mayores niveles de capital de riesgo (Venture Capital) y la colaboración de la universidad con la industria es una de las más desarrolladas del mundo.

La movilidad social relativa

La movilidad social relativa o fluidez social es el concepto más asociado a la medición de la igualdad de oportunidades. Estudia el acceso a las diferentes clases sociales comparando los diferentes orígenes ([4]). Con ella, podemos hacernos este tipo de preguntas: ¿qué probabilidad tiene el hijo obrero frente al hijo de un profesional de llegar a ser directivo?, ¿depende menos que en el pasado el destino de los hijos del origen de sus padres? o ¿presenta nuestro país más o menos barreras que otros países de nuestro entorno?

Hay que reconocer que no existen apenas sociedades de las que tengamos registros que hayan experimentado un gran descenso en sus tasas de movilidad relativa. El caso histórico más citado es Suecia ([5]). La larga reformista emprendida por sus gobiernos social-demócratas (1930-1970) – con agresivas políticas de redistribución – es presentada como ejemplo para aquellos países que desean aumentar su fluidez social. Hay que tener en cuenta que, antes de la segunda guerra mundial, el crecimiento del gasto general del gobierno sueco era de un 14% expresado en términos de PIB y en 1980 era de un 60% Tanzi y Schukneccht, 2000).

Como hemos señalado más arriba, fluidez social e igualdad de oportunidades son términos afines pero no siempre se corresponden una con otra. En este caso, la ilustración que suele presentarse es el caso de Hungría que aumentó la fluidez social como consecuencia de la subida al poder de los comunistas. Éstos les quitaron las tierras a los propietarios agrícolas enviando a éstos a trabajar en granjas colectivas y además degradaron a los hijos de los burgueses no permitiéndoles integrarse establishment (Erikson y Goldthorpe, 1992).

También, debería señalarse que una fluidez social completa no sería conveniente para una sociedad que decidiera conservar poderosos incentivos sociales. La razón reside en el hecho de la promoción social es un hecho deseado. Los que están arriba quieren conservar para sus hijos su posición y los de abajo quieren arrebatárselas para los suyos. Sea cual sea el sistema de incentivos que se proponga, si quiere estar basado en el mérito y el esfuerzo, difícilmente provocará la subida de los de abajo y la caída de los de arriba.

El papel del Estado, el mercado y las familias

 Tres instituciones pueden ser consideradas como los principales factores que dan forma a la estructura de oportunidad en las sociedades industrializadas: el estado, el mercado y la familia (Hout y DiPrete, 2006). Ellas nos servirán para detallar las políticas que, hasta el momento, se han considerado como catalizadoras de la movilidad social.

1. El papel del Estado en la movilidad social

Tal y como señala con acierto Esping-Andersen (2010), no es posible alcanzar la igualdad de oportunidades sin asegurar un deter­minado umbral de igualdad en los resultados, entre otras cosas, porque a la siguiente generación sería imposible asegurarle un acceso igualitario a las oportunidades, dado el resultado desigual de resultados en sus padres.

La desigualdad educativa tiene un alcance universal (Treiman y Yip, 1989). Pese al proceso de expansión escolar acaecido en los países capitalistas avanzados, el impacto de la clase social de origen sobre el destino educativo es persistente. Algunos investigadores han considerado que la desigualdad se produce porque los conocimientos y competencias con el que los alumnos llegan a la enseñanza son dispares. Cuando llegan a la escuela primaria, algunos alumnos saben leer perfectamente y otros apenas entienden nada de lo que dice el profesor. En consecuencia, han propuesto actuar antes de que se produzcan las desigualdades, esto es, en la educación infantil.

Esta es una de las razones por las que científicos sociales tan influyentes como James Heckman (2008) o Gøsta Esping-Andersen (2008) defienden la temprana escolarización (guarderías y educación infantil) de los niños en centros públicos de alta calidad en los que se fomente y estimule al máximo las habilidades tanto cognitivas como no cognitivas, cuyo desarrollo es exponencialmente mayor durante la primera infancia. Es en estas edades cuando la inversión en educación resulta más rentable en términos sociales. Son los niños de orígenes menos aventajados quienes más pueden beneficiarse de la estimulación de sus potencialidades.

No sólo la desigualdad de recursos sociales tiene efectos perniciosos en la fluidez social. La dispersión de los recursos culturales también los tiene. En primer lugar, existen oportunidades que son disfrutadas en ciertos hogares y que resultan muy beneficiosas para lograr un buen desempeño académicos (efectos primarios) (Boudon, 1983). Los libros que se poseen en casa, un habitáculo acondicionado para el aprendizaje y la calidad de las escuelas pueden servir a los niños (dotaciones). Asimismo, no todos los padres, a pesar de tener unas mismas condiciones de salida, se preocupan por sus hijos en la misma medida.  Existen padres que pasan más tiempo con sus hijos y los estimulan intelectualmente más (inversiones). En lo que respecta a las decisiones (efectos secundarios), los padres que tienen una mayor clase social tienen una información más valiosa sobre el funcionamiento del sistema educativo. Además, los maestros y profesores, en ocasiones, tienen un sesgo positivo hacia los alumnos provenientes de las clases medias (efecto terciario) (Blossfeld et al., 2015).

Las medidas propuestas para paliar este último problema han sido varias. Los efectos primarios se combaten con una adecuada política de becas. Los efectos secundarios con buenas políticas de orientación y los terciarios fomentando los aspectos más técnicos (y objetivables) del currículo escolar.

En lo que respecta a la universidad, se recomienda un sistema de becas no dependiente del rendimiento académico (límite en torno al aprobado), sino de la situación socioeconómica de las familias (Hernández y Pérez, 2013). Asimismo, una política de progresividad en el precio de las tasas universitarias en función de la renta. Ésta propuesta sería muy novedosa porque supondría una alternativa al modelo de becas-prestamos que se ha impuesto en el resto de países de la UE. Los problemas actuales para la incorporación al mercado laboral de los jóvenes universitarios condenarían al fracaso a dicho modelo. Por este motivo, la política de progresividad en el precio de las tasas universitarias podría ser una apuesta de transición. Por último, un mayor diálogo entre las universidades y las empresas para establecer un sistema de prácticas remuneradas más potente para generar habilidades específicas en el puesto de trabajo y que no deje atrás a aquellas personas que no se pueden permitir trabajar gratis. Hay que considerar también que las prácticas profesionales no remuneradas son discriminatorias para aquellas personas que no pueden permitirse el gasto de unos costes de oportunidad tan elevados.

En lo que concierne a la política escolar, los itinerarios diferenciados (tracking) han resultado ser perjudiciales para el fomento de la movilidad social relativa. Además, tanto peor si entre estas distintas trayectorias no se establecen diferentes puentes que las comuniquen. Las reformas comprensivas, al prologar la convivencia de los alumnos hasta una etapa más tardía, ha sido, hasta la fecha, la política más aplaudida.

No obstante, en nuestro país, las reformas no parecen haber debilitado la influencia de la clase del padre sobre el logro escolar. La obligatoriedad de la educación obligatoria de los catorce a los dieciséis años bien podría haber hecho más difícil su consecución. Evidentemente, recompensar a los centros en función de los resultados obtenidos por sus alumnos (práctica contenida en la ley norteamericana No Child Left Behind) no constituye una política que se recomiende en aras del fomento de la movilidad social.

2. El papel del mercado en la movilidad social

Recientes investigaciones han alertado sobre la dificultad que tienen los titulados universitarios para conseguir un empleo cualificado (Bernardi, 2012; Blaskó y Róbert, 2007; Bukodi y Goldthorpe, 2011; Capsada-Munsech, 2014). Se ha señalado los empleadores a la hora de seleccionar empleados para el mercado fijan unos criterios que no son estrictamente meritocráticos.

La cuestión principal que aquí se dirime es qué se entiende como mérito a la hora de contratar a un individuo para un puesto de trabajo que requiere unas habilidades determinadas. Según Breen y Goldthorpe (2001), el hecho de que nos encontremos en una economía capitalista, en la que los empleadores tienen libertad para contratar en base a lo que ellos consideren como valorable, conlleva que la definición de mérito sea creada ad hoc por estos, según las necesidades particulares de la empresa. Dicho de una forma más prosaica, contratan a los que ellos creen que les van a ser más productivos y en sociedades de mercado no existe otro juicio más que este.

Una ingente cantidad de investigadores ha vinculado el papel del capital cultural de origen con el destino de clase a través del desarrollo de habilidades no cognitivas (Moss y Tilly, 1996; Williams y Connell, 2010; Jackson (2001), en un estudio de los anuncios de trabajo publicitados en los periódicos ingleses de mayor tirada, comprobó que habilidades sociales (comunicativas, liderazgo, gestión, trabajo en equipo…) y características personales (apariencia personal) fueron requeridas en el 40% de los anuncios de trabajo para empleos de la clase de servicio. Estos resultados indican que los empleadores consideran más valiosas las titulaciones educativas cuando estas van acompañadas de habilidades no cognitivas.

De acuerdo con Kanter (1977), mientras que los supervisores de los trabajadores manuales tienen un criterio claro a la hora de evaluar su trabajo, este no existe para los trabajadores de cuello blanco, dado que poseen una amplia autonomía. De ahí que tengan que recurrir a evaluar algunos de sus rasgos sociales. Un empleador puede sentirse más o menos interesado por el demandante de empleo si este posee un determinado acento, estilo de vestir o lenguaje corporal que claramente identificación que su estatus adscrito (Rivera, 2012). La educación solo puede guardar relación con el logro ocupacional si los empleadores —quienes no actúan como agentes automáticos de una supuesta meritocracia basada en la educación— la toman en consideración en sus decisiones. Ante el cambio en volumen (más titulados) y estructura (más titulaciones) que se ha producido en el mercado de las titulaciones superiores, los empleadores tienen una mayor dificultad para hacer sus inferencias.

Estas investigaciones ponen de manifiesto la ruptura con los principios de igualdad de oportunidades. De hecho, establecen cómo en una sociedad caracterizada por la devaluación de títulos educativos las clases más favorecidas encuentran modos de reproducirse por otros medios. Esta circunstancia viola los principios de justicia social sobre los que se levantan las sociedades avanzadas.

3. El papel de las familias en la movilidad social

 Si existe alguna medida política que pueda favorecer la fluidez social, esta es la ayuda a la familia. Cuando los niños pasan por dificultades económicas en etapas muy tempranas desarrollan una mayor aversión al riesgo y una capacidad menor de aplazar las recompensas futuras. Los estudiantes que ha sufrido algún tipo u otro de pobreza son muy conservadores en lo académico y sus carreras muy cortas especialmente cuando existe alguna posibilidad de remuneración en el mercado laboral. Sus costes de oportunidad son muy elevados. Erikson y Jonsson (1996) señalan que el acierto de los países nórdicos fue acabar con la pobreza infantil y para fue necesaria una política de pleno empleo. La renta mínima universal constituiría sin duda una medida política positiva encaminada a paliar los efectos de la pobreza infantil.

Además, hay que tener en cuenta que las situaciones de privación severa desencadenan daños cognitivos y emocionales de improbable reparación futura (Evans et al., 2005). Es, en consecuencia, mucho más útil invertir en niños que sufren estas limitaciones cuando son pequeños que invertir en adolescentes. La razón por la que se invierte más en estos se deriva de la idea de que es en justo en esta etapa cuando los alumnos deciden abandonar sus estudios.

En esta misma dirección, especialmente preocupantes son las familias compuestas por madres solteras cuyos niños reciben escasa supervisión y estimulación por parte de su progenitora. De ahí, que la ayuda a madres solteras, separadas y divorciadas constituya una medida adecuada para paliar este problema (v.g. ayuda por impago de manutención alimenticia). Dado que son las mujeres las personas que se encargan mayoritariamente del trabajo de las personas que no se pueden valer por sí solas, la ley de dependencia también va encaminada a paliar en parte esta situación.

La dispersión en lo que concierne al capital social que poseen las familias es, del mismo modo, fundamental al respecto. Consideramos que la definición dada por el sociólogo francés Pierre Bourdieu sigue siendo la más pertinente al respecto. Entendemos por capital social al agregado de los recursos reales que están ligados a la posesión de una red durable de relaciones de conocimiento y reconocimiento institucionalizadas (1979). Las empresas familiares funcionan basándose en el capital social. Estas no son una anomalía dentro del capitalismo avanzado. Son la norma (si por esta entendemos regularidad). De hecho, un 85% de las empresas son empresas familiares que emplean a más de catorce millones (70% del empleo privado) con un volumen de negocio que es el equivalente al 70% del PIB (Instituto de la empresa familiar, 2009).

Algo que habría que recalcar con especial ahínco es que las redes se deprenden de la pertenencia a grupos sociales que, en las sociedades capitalistas, son las clases sociales. Las redes son el resultado de estructura social (Sommers, 2005). Y esto es así porque pueden constituirse en una fuente potencialmente generadora de oportunidades de vida. O dicho de otra forma, sirven de medio para consolidar la reproducción social. Suponen un multiplicador de recursos poseídos. De ahí que, en aquellos países donde existe una mayor desigualdad económica, el capital social está más disperso entre las clases (Pichler y Wallace, 2009).

Conclusiones

A lo largo de su historia reciente, las sociedades avanzadas han alimentado poderosamente una ilusión que se está convirtiendo en espejismo. La idea de crear una sociedad basada en principios meritocráticos en escenarios profundamente desiguales se ha ido quebrando paulatinamente. Los grupos sociales que gozan de mayores privilegios siguen disfrutando de grandes dosis de poder pero su ideología cimentada a la idea de la promoción social está en cuestión. Esta crisis se ha manifestado primeramente en los países periféricos del continente Europeo pero también ha alcanzado a los países centrales. Se preveía que en un contexto enormemente dispar de recursos, sólo aquellos individuos que poseían un talento extraordinario y estuvieran portentosamente motivados por la doctrina de superación personal alcanzarían posiciones sociales deseadas por todos. Además, de alguna forma, se quería que aquellos que no las alcanzasen interiorizaran su condición subalterna.

No se preveía que en contexto ciertamente adverso, las clases populares se sumaran a la expansión educativa. Los incentivos propuestos funcionaron pero demasiada gente confío en ellos. La economía española se había modernizado pero, como hemos visto, de forma tardía. El dominio absoluto de la pequeña empresa, la pervivencia de un fuerte sector agrícola y la escasa mano cualificada han sido, hasta la fecha, sus principales características. Por otro lado, el Estado del bienestar implantado desde la llegada de la democracia no ha conseguido seguir reduciendo las distancias entre familias respecto al capital cultural, clave para entender el éxito educativo de los hijos e hijas.  Salir de este enredo será complicado. Tres soluciones posibles pueden encauzar el problema: dos de ellas son fáciles y la otra más difícil. La primera de ellas consiste en un salto cualitativo en cuanto al modelo educativo. Será necesario una nueva ley educativa de alto consenso, que garantice un modelo educativo basado en la igualdad de oportunidades y que afronte los nuevos retos en todas las etapas. Además, deberá con una financiación estable, creciente y digna para poder desarrollar el cambio pedagógico urgente del modelo. En segundo lugar, se deberá controlar la oferta de universitarios que el sistema educativo genera. Ahora, el camino difícil: aumentar la demanda. Aquí, hay que poner a trabajar la imaginación. Si queremos avanzar hacia el tan predicado nuevo modelo económico, hay que dejarse de construcción, turismo y hostelería, e invertir en tecnología avanzada, en economía del conocimiento y en una parte del sector público (profesores, médicos, trabajadores sociales).

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[1] Entendemos por movilidad social inter-generacional al cambio de clase social o estatus de padres a hijos.

[2] Una pequeña aclaración nos servirá para comprender este concepto. Situémonos en los años 50 en España. Como se sabe, la sociedad española era a la sazón una sociedad en la que los escasos puestos de poder eran en gran medida heredados. Imaginemos que de cada 10 posiciones en la clase directiva 8 de ellas eran ocupadas por hijos de la clase directiva y las 2 restantes por hijos de la clase obrera. Ahora desplacémonos a finales de los ochenta. La economía española está en pleno auge, la reconversión industrial ha finalizado, las inversiones de capital extranjero se han incrementado y las empresas españolas se están internacionalizando. Hemos doblado los puestos directivos, en lugar de 10 ahora existen 20 posiciones a repartir. Sin embargo, de estas 20, 16 seguirían ocupadas por hijos de directivos, mientras que solo 4 por hijos de obreros. A pesar de que hay más gente de orígenes humildes que llega a la clase directiva en términos absolutos, la proporción sigue siendo la misma: 4 a 1.

[3] Esta forma de industrialización, salvo lo que podría pensarse a priori, no es una excepción. Es más bien la norma. En el Sur de Europa, tanto Italia como Grecia; en Asia, tanto Japón como Corea; y en Iberoamérica, tanto Chile como Brasil; son todos ellos países que se han industrializado de forma tardía. Se suele considerar a Japón como el país que establece la divisoria entre los países con una industrialización temprana y tardía. Según Ishida (2008), es este el país más tempranamente industrializado dentro de los tardíamente industrializados.

[4] Una pequeña aclaración nos servirá para comprender este concepto. Situémonos en los años 50 en España. Como se sabe, la sociedad española era a la sazón una sociedad en la que los escasos puestos de poder eran en gran medida heredados. Imaginemos que de cada 10 posiciones en la clase directiva 8 de ellas eran ocupadas por hijos de la clase directiva y las 2 restantes por hijos de la clase obrera. Ahora desplacémonos a finales de los ochenta. La economía española está en pleno auge, la reconversión industrial ha finalizado, las inversiones de capital extranjero se han incrementado y las empresas españolas se están internacionalizando. Hemos doblado los puestos directivos, en lugar de 10 ahora existen 20 posiciones a repartir. Sin embargo, de estas 20, 16 seguirían ocupadas por hijos de directivos, mientras que solo 4 por hijos de obreros. A pesar de que hay más gente de orígenes humildes que llega a la clase directiva en términos absolutos, la proporción sigue siendo la misma: 4 a 1.

[5] Allí donde han existido partidos socialdemócratas históricamente consolidados el debate sobre la movilidad social ha estado presente no sólo a nivel académico sino político. Y esto desde sus mismos orígenes. Lo que entendemos hoy por socialdemocracia es el resultado de la ruptura con las posturas revolucionarias y la adopción de posturas reformistas. Fue padre de la socialdemocracia, Eduard Bernstein, quién al negar la teoría del derrumbe marxista, reconoció la aparición de una nuevas clases medias (New Mittelstand). Señaló que la movilidad social había cambiado la configuración de la sociedad alemana. La lucha de clases, entonces, debía adquirir una forma más pacífica y civilizada. Los socialistas debían, entonces, adaptarse a la vida parlamentaria. El SPD debía concentrar sus fuerzas en aras de la lucha por los derechos y mejoras salariales. Y también en una mayor concesión de oportunidades escolares y culturales para los miembros de la clase obrera. Si hacemos un repaso por la historia de los partidos socialdemócratas europeos verificaremos esta honda preocupación. Por poner un solo apunte, fue el laborista británico Anthony Crossland quién en su The Future of Socialism (1956), puso un énfasis especial en el fomento de la movilidad social como una meta genuina de la socialdemocracia.